Edomex abre la puerta al alquiler con respaldo público y a las áreas verdes urbanas
Lo que acaba de pasar
El Congreso del Estado de México aprobó dos iniciativas que, leídas juntas, apuntan a una idea de ciudad distinta a la que hemos construido durante las últimas cuatro décadas.
La primera ordena que el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) impulse programas y acciones de alquiler, con prioridad para personas en situación de riesgo, pobreza, vulnerabilidad o marginación. La segunda establece la creación, ampliación y mejoramiento de áreas verdes urbanas, especialmente en zonas con mayor deterioro ambiental o consideradas de atención prioritaria, y contempla la participación ciudadana en su recuperación, uso y vigilancia.
El coordinador del grupo parlamentario que impulsó ambas propuestas, José Alberto Couttolenc Buentello, dio el dato que explica la primera reforma: el Estado de México está entre las cinco entidades del país con mayor proporción de hogares en renta, con 36%.
Por qué importa más de lo que parece
Hay una cifra en el expediente que revela la escala del problema urbano mexiquense: 88% de la población de la entidad se concentra en 81 municipios con características metropolitanas.
Ese dato, solo, explica la lógica de las dos reformas. En un territorio donde casi nueve de cada diez habitantes vive en un entorno metropolitano, el crecimiento ya no puede resolverse repartiendo suelo nuevo en la periferia. Tiene que resolverse densificando con calidad y recuperando el espacio público que ya existe.
La reforma de alquiler merece una lectura atenta porque toca un supuesto muy extendido: el de que la política habitacional es, por definición, política de compra. Durante décadas el andamiaje público —crédito, subsidio, incentivo— estuvo diseñado para llevar a una familia de la renta a la propiedad. Esa es una meta legítima, pero presupone algo que no siempre se cumple: que la familia tiene la capacidad de sostener un crédito de 20 años.
Couttolenc lo dijo sin rodeos: no todas las familias tienen hoy la posibilidad de comprar una casa, y por eso hace falta ampliar las alternativas para acceder a una vivienda. Reconocer eso no debilita la meta de la propiedad; la ordena. Un parque de vivienda en alquiler bien operado es, entre otras cosas, el lugar donde vive una familia mientras se vuelve sujeto de crédito.
El vínculo entre las dos reformas
Aquí está lo interesante, y es donde estas iniciativas dejan de ser dos trámites legislativos separados.
La vivienda en renta y el área verde parecen temas distintos. No lo son en la práctica urbana. Un inquilino tiene menos capacidad —y con frecuencia menos incentivo— para invertir en el entorno de un inmueble que no es suyo. Cuando la vivienda es arrendada, el espacio público deja de ser un extra y se convierte en la única infraestructura de calidad que la familia realmente habita: el parque, la calle arbolada, la cancha, el espacio de convivencia.
Si el Estado de México va a tener un parque de vivienda en alquiler significativo —y el 36% de hogares en renta lo anticipa—, la calidad de ese entorno deja de ser un asunto de ornato y pasa a ser una condición de sostenibilidad social. Las dos reformas, leídas así, se sostienen mutuamente.
Hay un detalle adicional que refuerza la lectura: la iniciativa se incorporó a una reforma más amplia en la que también participó una propuesta de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Los programas públicos rara vez funcionan cuando nacen aislados del marco legal que les da presupuesto.
Nuestra lectura
El futuro no se anuncia, se legislariza. Y este par de reformas tiene un mérito poco común: no promete construir nada nuevo, promete ordenar lo que ya existe.
Ese es el giro que distingue a las políticas urbanas que están funcionando en el mundo de las que no. Las ciudades que resolvieron su problema habitacional en las últimas dos décadas no lo hicieron levantando más torres en las afueras: crearon marcos operativos —para el alquiler, para la densificación, para la infraestructura verde— y dejaron que el mercado y los propietarios trabajaran dentro de ellos.
La diferencia práctica es enorme. Un programa que construye mil casas entrega mil casas y termina. Una ley que habilita un mercado de alquiler con reglas claras, administración profesional y prioridad para los más vulnerables puede movilizar decenas de miles de viviendas que hoy operan sin estándar.
Queda la pregunta de la ejecución, que es donde todas las reformas se prueban. Que el IMEVIS “impulse” programas de alquiler es una habilitación, no un resultado. La métrica que importará en dos años no será cuántas iniciativas se aprobaron, sino cuántas viviendas entraron a un esquema operado con contratos, cobranza trazable y mantenimiento real.
Pero el paso es el correcto y merece reconocerse: el Estado de México acaba de reconocer, en el papel que ordena la política pública, que la ciudad del futuro no se define por cuántos propietarios tiene, sino por cuántas personas viven bien donde ya están.
Fuentes
- El Sol de Toluca (OEM) — “PVEM impulsa cambios para facilitar el alquiler y recuperar áreas verdes en el Edomex”: https://oem.com.mx/elsoldetoluca/local/congreso-del-edomex-aprueba-iniciativas-sobre-vivienda-en-renta-y-areas-verdes-32071068
- Heraldo de México — “Aprueba congreso mexiquense más opciones de vivienda y más áreas verdes”: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2026/9/14/aprueba-congreso-mexiquense-mas-opciones-de-vivienda-mas-areas-verdes-impulsadas-por-el-partido-verde-887992.html
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