El data center ya no se decide en el megawatt: Nueva York y Texas movieron la mesa
El contexto
Durante la última ola de data centers, la conversación inmobiliaria se concentró en cuatro variables: tierra, energía, fibra y agua. Eran —y siguen siendo— decisivas. Pero en Estados Unidos acaba de aparecer un quinto filtro que cambia la naturaleza del negocio: la asignación pública del costo y del permiso.
Nueva York y Texas no tomaron la misma decisión, ni mandan la misma señal. Y precisamente porque son distintas, conviene entenderlas por separado.
Los hechos
Nueva York: pausa estatal mientras se redefinen las reglas. El 14 de julio de 2026, la gobernadora Kathy Hochul firmó una orden ejecutiva que instruye al estado a preparar una evaluación ambiental genérica sobre nuevos data centers hiperescala. Mientras ese trabajo se completa, las agencias estatales no emitirán ciertos permisos ambientales discrecionales para proyectos nuevos que no hubieran presentado solicitud completa a la fecha de la orden.
La pausa puede durar hasta un año. No equivale a prohibir permanentemente los campus: la comunicación oficial prevé que los proyectos puedan avanzar después, bajo los estándares que resulten y las autorizaciones locales aplicables. La evaluación deberá considerar demanda eléctrica, emisiones, agua, efectos comunitarios y presión sobre los usuarios de la red.
Texas: no hay moratoria, hay discusión sobre quién paga. El 10 de junio de 2026, el gobernador Greg Abbott instruyó a la Public Utility Commission y a ERCOT a proteger a los usuarios residenciales de los costos asociados con la nueva infraestructura que demandan estos proyectos. La directriz plantea que los operadores cubran totalmente la infraestructura eléctrica que necesiten y que se revisen los costos de transmisión trasladados a clientes residenciales. También anticipa una conversación legislativa sobre enfriamiento eficiente en agua y reportes de consumo.
La variable social. En una encuesta nacional de Gallup levantada del 2 al 18 de marzo de 2026, 70% de los adultos estadounidenses dijo oponerse a construir un data center de inteligencia artificial cerca de donde vive.
Nuestra lectura
Lo primero que hay que decir con claridad es qué NO significan estos casos. No prueban que la demanda estadounidense se vaya a desplazar automáticamente a México, ni que México haya adoptado una regla nacional equivalente. Presentar una declaración política aislada como condición de permiso sería adelantar una conclusión que las fuentes oficiales no sostienen.
Lo que sí ofrecen es un marco de diligencia que cualquier proyecto en Querétaro, Guadalajara o Monterrey puede empezar a usar hoy.
El cambio de fondo es este: la pregunta dejó de ser “¿hay capacidad?” y pasó a ser “¿quién asume la obra, qué autorización falta y qué actor puede detener el calendario?”. En un proyecto de infraestructura digital, el megawatt disponible es una condición necesaria pero ya no suficiente. La fecha comercial de un campus no depende únicamente del contrato con el cliente tecnológico: depende de que la infraestructura y la comunidad toleren la escala propuesta.
Hay un segundo elemento, más profundo, que conviene nombrar: el costo de la red se está volviendo una decisión política, no una decisión técnica. Cuando el regulador de un estado dice que los operadores deben cubrir “totalmente” la infraestructura que necesitan, está moviendo el riesgo de inversión desde las tarifas residenciales hacia el balance del desarrollador. Para el dueño de tierra, eso se traduce en subestaciones, líneas y refuerzos que alguien tiene que financiar, y en la posibilidad de que la comunidad organizada —o el ayuntamiento— se convierta en un actor con capacidad real de frenar el calendario.
Y hay un tercero, que es el más incómodo de aceptar: el activo más escaso ya no es el suelo ni la fibra: es la licencia social. Una oposición de 70% a nivel nacional no predice cómo votará cada municipio, pero explica por qué el agua, el ruido y las tarifas están entrando a las decisiones de uso de suelo. Para un proyecto, esa reacción puede traducirse en consultas adicionales, condicionantes, litigios o cambios de diseño — es decir, en tiempo y en costo.
Para el lector
Si evalúas suelo para un proyecto de infraestructura digital en México, la lección es práctica y no requiere esperar a que exista una norma nacional. Conviene documentar desde el día uno tres cosas que hoy nadie pide formalmente, y que en dos años probablemente sí:
- Quién paga la infraestructura eléctrica que exige tu carga, y con qué instrumento (obra propia, convenio con la utility, esquema de coinversión).
- Qué autorización es la crítica —la que, si falta, detiene el calendario— y no solo cuáles están en trámite.
- Qué conversación existe con la comunidad donde se ubica el predio, antes de que exista oposición organizada.
Si eres habitante de una zona con vocación para data centers, el caso de Texas es el más informativo: los costos de transmisión y de refuerzo de red se pueden trasladar a las tarifas residenciales, y hay estados empezando a cerrar esa puerta. Preguntar quién paga por la subestación es una pregunta legítima, no un obstáculo al desarrollo.
El sector inmobiliario mexicano ha aprendido a leer el ciclo de tasas. Este es un ciclo distinto, y se lee en las reglas de permisos.
Fuentes
- Inmobiliare — Nueva York y Texas: nuevo riesgo para data centers: https://inmobiliare.com/nueva-york-permisos-texas-costos-riesgo-data-centers/
- Inmobiliare — ¿Cómo está el panorama de los data centers en Estados Unidos?: https://inmobiliare.com/panorama-data-centers-estados-unidos-2026/
- La Vanguardia — Alarma IA, fiebre Data Center: https://www.lavanguardia.com/economia/20260915/11634820/alarma-ia-fiebre-data-center.html