Las playas privadas no existen: la reforma que quiere castigar la publicidad engañosa

Una frase jurídicamente falsa

“Playa privada”. “Playa exclusiva”. “Acceso privado al mar”. Estas expresiones aparecen a diario en anuncios de hoteles, desarrollos inmobiliarios, tiempos compartidos y plataformas de reservación en los destinos turísticos de México. Y todas describen, jurídicamente, algo que no existe.

La advertencia no viene de un competidor ni de una organización ambientalista. Viene del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que esta semana presentó ante el Pleno una iniciativa para reformar el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y perseguir de oficio esta práctica publicitaria.

La diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez lo dijo con precisión ante el Pleno: “En México, no existen las playas privadas. El artículo 27 establece que las playas, en especial la Zona Federal Marítimo Terrestre, pertenecen originariamente a la nación. No son de un hotel, no son de un desarrollador, no son de una empresa extranjera; son de México y de su pueblo.”

El marco legal que ya existe

Antes de ver la reforma, conviene tener claras las reglas vigentes. La iniciativa no crea el derecho: lo hace exigible.

Artículo 27 constitucional. Las playas y la Zona Federal Marítimo Terrestre son propiedad originaria de la nación. Ningún particular —hotel, desarrollador o fondo extranjero— puede adquirir un derecho de exclusividad sobre ellas.

Artículo 11 constitucional. La libertad de tránsito comprende el libre acceso a las playas. Cercar, obstaculizar o impedir el paso al mar es una restricción a un derecho constitucional, no una decisión de propiedad.

Ley Federal de Protección al Consumidor. Es la vía práctica para atacar el problema, porque la publicidad engañosa es competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Qué propone la reforma

La iniciativa tiene tres componentes operativos:

Uno. Vigilancia permanente de la publicidad. Dotar a la autoridad de herramientas para monitorear de manera continua páginas de internet, plataformas de reservaciones y redes sociales, con el objetivo de detectar anuncios que utilicen términos como “playa privada”, “playa exclusiva” o “acceso privado” al mar.

Dos. Retiro inmediato de los anuncios. No basta detectar: la propuesta contempla ordenar la baja del contenido publicitario que genera una expectativa falsa en el consumidor.

Tres. Investigación y sanción de oficio. El cambio más relevante en términos prácticos: que la autoridad pueda iniciar investigaciones y aplicar sanciones sin esperar una denuncia formal de un consumidor afectado.

Ese tercer punto importa porque traslada el costo de la vigilancia desde el afectado —que rara vez denuncia, y que muchas veces ya pagó y se fue— hacia la autoridad, que es donde debe estar.

El tamaño del problema

La dimensión económica describe bien la magnitud de la práctica. Según la legisladora, los operadores turísticos llegan a cobrar un sobreprecio de hasta 40% por una supuesta exclusividad que jurídicamente no existe. Y se multiplican los anuncios de departamentos de lujo con “playa exclusiva” frente al mar, con precios que alcanzan hasta cuatro millones de dólares.

El fenómeno no se limita a hoteles. Alcanza tiempos compartidos, membresías y desarrollos inmobiliarios que prometen accesos exclusivos a zonas costeras, generando en el consumidor la percepción de que está comprando un derecho de exclusividad sobre un espacio que pertenece a la nación.

Las zonas señaladas incluyen Punta de Mita, en Nayarit —donde vecinos, familias de pescadores y activistas ambientales han denunciado durante años que playas históricas fueron cercadas con mallas y obstáculos—, así como Tulum en Quintana Roo, Los Cabos en Baja California Sur y playas de Jalisco.

Nuestra lectura

Un contrato no es un trámite, es tu protección. Y una promesa publicitaria tampoco es un adorno: es parte de lo que estás comprando.

Hay una trampa muy frecuente en la compra de inmuebles costeros, y vale la pena nombrarla con claridad. La exclusividad de acceso no se escritura porque no se puede escriturar. Cuando un desarrollo promete “acceso privado a la playa”, en el mejor de los casos está describiendo un hecho: el proyecto colinda con la playa y tiene un paso construido. En el peor, está vendiendo como derecho de propiedad algo que es un privilegio de facto, sostenido por mallas, vigilancia y la costumbre —y por tanto, revocable en cualquier momento, por cualquier autoridad, sin que el comprador tenga nada qué reclamar.

Ahí está el daño patrimonial real, más allá del sobreprecio de 40%. El comprador paga por un atributo que no está en su escritura, y descubre que no lo tenía cuando llega la autoridad, cuando cambia la administración del desarrollo o cuando un grupo de vecinos exige el paso.

Vale decirlo también en la dirección contraria: legítimamente, un desarrollo costero puede ofrecer acceso, infraestructura, servicio de playa, seguridad y comodidad. Todo eso tiene valor y es completamente comercializable. Lo que no es legalmente sostenible es vender exclusividad sobre espacio público, porque en ese terreno el desarrollo nunca tuvo nada que vender.

Por eso la reforma, si prospera, es buena noticia para el mercado formal. Un desarrollador que compite con reglas claras y no promete lo que no puede dar está hoy en desventaja frente al que sí lo promete. Corregir esa asimetría no perjudica al sector: lo ordena.

Para el lector: si vas a comprar cerca de la playa

Revisa el instrumento, no el folleto. Pide la escritura y el plano y verifica los linderos. La Zona Federal Marítimo Terrestre no puede formar parte de la superficie vendible de una propiedad privada.

Desconfía del lenguaje absoluto. “Acceso privado”, “playa exclusiva” o “uso privado del mar” describen, en el mejor caso, una facilidad física del desarrollo. No son derechos exclusivos sobre la playa.

Pide por escrito qué incluye el acceso. Si el diferencial del precio depende del acceso a la playa, esa condición debe estar documentada en el contrato con precisión: qué se ofrece, quién lo administra y por cuánto tiempo.

Conoce tus derechos. Si compraste o pagaste una membresía bajo la promesa de una “playa privada” que no existe, la vía del consumo está abierta: la publicidad engañosa es materia de la Profeco, y el paso al mar es un derecho constitucional que nadie puede cercar.

Fuentes

• Excélsior — “En San Lázaro van contra publicidad engañosa de ‘playas privadas’; en Punta Mita, Nayarit”: https://www.excelsior.com.mx/politica/san-lazaro-van-contra-publicidad-enganosa-playas-privadas-punta-mita-nayarit
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos — artículos 11 y 27
• Ley Federal de Protección al Consumidor — artículo 24

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• Meta Description: Las playas privadas no existen: el artículo 27 las declara de la nación. La reforma que busca castigar la publicidad engañosa y el sobreprecio de 40%.
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